Hemos leído con gran interés el artículo de Campillo-Artero y Ortún1 sobre los análisis de coste-efectividad y estamos totalmente de acuerdo con sus planteamientos. España puede presumir de un sistema sanitario público universal que, aunque tenga su mayor lastre en las a veces prolongadas listas de espera, cuenta con un nivel de formación excelente de sus profesionales y una dotación tecnológica que puede compararse a la de cualquiera de los países de primera línea. Sin embargo, están surgiendo alarmas sobre su sostenibilidad. Los autores proponen el análisis de coste-efectividad de la misma forma que en Estados Unidos y Japón se están desarrollando los appropriate use criteria o AUC2. La situación actual exige acciones, además de la propuesta por Campillo-Artero y Ortún1.
La industria farmacéutica y los fabricantes de dispositivos son esenciales para diseñar la tecnología sin la cual no podríamos trabajar. Concretamente en cardiología, ambas han proporcionado avances que, en muchas ocasiones, han sido extrapolados directamente a otras especialidades, como cirugía vascular o neurología. Además, la industria siempre ha sustentado nuestra formación continuada, hecho particularmente relevante en España por la siempre insuficiente financiación innata a un sistema de cobertura universal. El mencionado coste-oportunidad conlleva que las necesidades asistenciales limiten la financiación pública de la formación continuada. Por ello, la colaboración con ella en nuestro contexto se considera necesaria. Además, no hay que olvidar la creciente redirección de inversiones hacia otros sectores más rentables, como la oncología3.
Creemos que la sostenibilidad necesita el entendimiento entre administración, profesionales sanitarios e industria. En este sentido, pensamos que existe margen de mejora en la aplicación de los resultados de los estudios y su reflejo en las guías de práctica clínica. La recomendación de clase I se adjudica por estudios de distribución aleatoria y metanálisis y, según la medicina basada en la evidencia, los análisis post hoc solamente pueden generar hipótesis para un estudio futuro, el cual muchas veces no se realizará porque, tras obtenerse el objetivo principal del ensayo central, el interés del promotor desaparece. Sin embargo, no debemos olvidar que las guías no deben tratar nunca de costes, pues los sistemas sanitarios de los países son muy diferentes y, además, un paciente podría querer financiar su tratamiento independientemente del coste.
La realidad es que en muchas ocasiones el sistema sanitario público no puede financiar la terapia para todas las indicaciones de clase I (además, probablemente no sea coste-efectivo en todas ellas) y ahí comienzan las tensiones. Por una parte, el departamento de marketing del fabricante defiende dicha indicación de tipo I independientemente del número de pacientes que deberían ser tratados para evitar un suceso; por otra parte, algunos profesionales defienden dicha indicación universal, a veces con excesiva firmeza, lo cual dificulta la comunicación con la administración, la cual se impermeabiliza ante la opinión del facultativo. Los gestores, además, suelen actuar con visiones cortoplacistas dependientes de nuestro particular sistema político y consideran la petición de la terapia solo en términos económicos. Ello suele generar rechazo frente al nuevo tratamiento y sus defensores, incluyendo la denegación de este o la demora en su adquisición.
Si volvemos a recordar que la función de las guías no es tratar de aspectos económicos, creemos que la solución pasa por un entendimiento entre los tres actores. En primer lugar, los departamentos de marketing deben entender la situación y no diseñar una estrategia basada en conseguir la totalidad de los tratamientos; en segundo lugar, los profesionales debemos facilitar el trabajo a la administración al promover las terapias e innovaciones en los subgrupos que más beneficio puedan obtener y limitarlas en el resto4. Finalmente, si todo esto se produce, la propia administración debe reconocer estas acciones y actuar con criterios más técnicos y menos cortoplacistas. Solamente de esta forma se conseguirá un uso racional de los tratamientos. Incluso, dado que la mayor causa de fracaso de los fármacos en el sector cardiovascular no es la falta de seguridad o eficacia sino su rentabilidad3, se podría pactar con la administración una penetración más coste-efectiva, pero a su vez con una prolongación de la patente para facilitar el retorno al fabricante. Concretamente en cardiología, deberíamos aprender la lección reciente de los nuevos antiagregantes, donde la disparidad en las indicaciones y financiación entre las comunidades autónomas es muy amplia porque la historia puede repetirse con la llegada de los inhibidores de la PCSK9 y la LCZ696 en insuficiencia cardiaca.