Gironés-Bredy et al hacen un análisis sumamente interesante sobre el impacto de los trastornos por cocaína en los pacientes atendidos en los servicios de urgencias hospitalarias. Coincidimos con ellos en que probablemente los costes ocasionados por estos pacientes son mayores que los calculados para pacientes ingresados, tanto por las circunstancias extrahospitalarias y del ámbito de los servicios de urgencias, que exponen en su artículo, como por otras como el absentismo laboral (número de bajas y su duración), la pérdida de productividad, los tratamientos de deshabituación, asistencia social y otros. En algunas comunidades autónomas de España, es inminente la aplicación del conjunto mínimo básico de datos de las urgencias atendidas en los hospitales, lo que permitirá valorar mejor el impacto real de estos trastornos en el pronóstico de los pacientes y en el exceso de costes que supone su asistencia.
Gironés-Bredy et al plantean la posibilidad de que en nuestra serie haya casos de pacientes reingresados. Tal como se explica en «Métodos»1, se definió como caso de infarto agudo de miocardio en episodio inicial aquel en que figurara el código en el diagnóstico principal (códigos 410 con quinto dígito=1). Se excluyeron otros casos de infarto agudo de miocardio con otros códigos distintos de episodio inicial en el diagnóstico principal y también los casos que se codificaron en diagnósticos secundarios. Estos criterios, recomendados por la Agency for Healthcare Research and Quality de Estados Unidos2, están orientados a evitar que se diagnostiquen como casos iniciales de infarto agudo de miocardio los que son reingresos.
Gironés-Bredy et al subrayan la importancia de indagar el estado de consumo de drogas en todos los pacientes e iniciar intervenciones informativas y de deshabituación para la prevención primaria y secundaria de los problemas asociados a su consumo. Coincidimos con ellos en que esta conducta es un ejercicio de profesionalidad, y no debería limitarse a los servicios de urgencias y a los pacientes hospitalizados, sino extenderse a todos los ámbitos asistenciales sistemáticamente.
FINANCIACIÓNEste estudio fue financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ayuda n° 2009I017, Proyecto G41825811).